Sigue de los capturados en Cali que van a la carcel: Según la Fiscalía, la víctima fue llevada con engaños hasta el lugar del crimen, donde fue atacada con un arma cortopunzante; su bebé, a quien la familia llamó Alahia, fue extraída mediante una cesárea improvisada tras el ataque.
El cuerpo de María Camila fue hallado posteriormente en el río Meléndez, en zona rural de la ciudad. Los capturados —Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.
Habrían cumplido roles diferenciados dentro de una operación coordinada: generar confianza con la víctima, ejecutar el ataque, transportar el cuerpo, vigilar el entorno y coordinar la logística y el pago, que según la Fiscalía ascendió a 4 millones de pesos.
El juez consideró que los procesados representan un peligro para la comunidad; ninguno aceptó los cargos y podrían enfrentar penas de entre 41 y 60 años de prisión, sin beneficios judiciales.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que este hecho constituye la masacre número 77 registrada en Colombia durante 2026. El Cauca continúa siendo un territorio disputado por estructuras armadas como el Estado Mayor Central (EMC) y el ELN, además de redes de narcotráfico.
El hecho se conoce a una semana de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien anunció que su primer Consejo de Seguridad, a realizarse en Cali, definirá una estrategia regional para enfrentar la criminalidad en el suroccidente del país.
El comandante de la estación de Policía de ese municipio, mayor José Luis Vargas, resultó con heridas leves y fue trasladado a una clínica; otros cinco uniformados, entre ellos el patrullero Holguer Jaimes, no sufrieron lesiones de gravedad gracias al blindaje del vehículo, aunque este quedó destruido en más del 80 %.
Las autoridades investigan la participación de estructuras del ELN y de disidencias del antiguo Frente 33 de las FARC, que se disputan el control de corredores fronterizos y rutas del narcotráfico en la región. El hecho se suma a una escalada de violencia en Norte de Santander y reaviva la preocupación por la seguridad de la fuerza pública en zonas de frontera con Venezuela.
Sigue el entramado por compra helicópteros MI-17: El ente investigador imputó cargos formales contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, mientras investiga al exviceministro para Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.
Luis Edmundo Suárez Soto, señalado de haber ordenado una contratación directa sin justificación legal y de presionar al comité evaluador para descartar una propuesta bilateral con Estados Unidos con mejores condiciones. Se desembolsó un anticipo de 16,2 millones de dólares —la mitad del contrato— que nunca regresó al Estado, pese a que Vertol mostró deficiencias técnicas evidentes.
Fiscalía ordenó la ocupación cautelar de cuatro bienes del cantante Charlie Zaa ubicados entre Girardot e Ibagué, como parte de un proceso de extinción de dominio. La investigación busca establecer si dichos inmuebles tuvieron alguna relación con recursos provenientes del antiguo Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el mismo documento aclara que la medida corresponde únicamente a una fase inicial del proceso judicial y que aún existen recursos legales pendientes.
La Fiscalía fundamenta su actuación en una investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables para reconstruir el origen de los activos. Mientras avanza el proceso, los bienes permanecerán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una medida preventiva que no constituye una sentencia definitiva.
Por su parte, Charlie Zaa rechaza públicamente las afirmaciones que lo relacionan con actividades ilícitas. En su comunicado insiste en que no existe ninguna condena en su contra ni una decisión judicial que declare ilegal su patrimonio. Además, manifiesta que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación y que continuará haciéndolo durante todo el proceso.
El documento también recuerda declaraciones anteriores del artista, quien afirmó haber encontrado inconsistencias en algunos testimonios que originaron la investigación. Según su versión, varias afirmaciones contenían errores sobre la ubicación y la fecha de construcción de uno de sus establecimientos comerciales. Como respaldo, asegura haber entregado documentación financiera que demostraría que el dinero utilizado provino de los ingresos obtenidos por la venta de sus discos y de su carrera musical durante la década de los noventa.
Otro aspecto importante es que la noticia mantiene un equilibrio informativo al presentar tanto la posición de la Fiscalía como la defensa del cantante. Esto permite comprender que la controversia todavía se encuentra en una etapa de investigación y que la responsabilidad o inocencia del artista deberá ser determinada por las autoridades competentes una vez concluya el proceso judicial.
Actualmente existe una investigación seria sobre el origen de varios bienes de Charlie Zaa, pero también enfatiza que aún no hay una decisión definitiva. El mensaje central es que la justicia continúa recopilando y evaluando pruebas, mientras el cantante sostiene su inocencia y afirma contar con documentos suficientes para demostrar la legalidad de su patrimonio. El desarrollo del caso dependerá de la valoración judicial de todas las evidencias presentadas.
El comité autónomo de Regla Fiscal, señala que la deuda neta para la nación al cerrar el año 2026 puede ser del 61% del PIB, considerándose así la más alta de la historia, con base a ello esto genera una de las primeras alertas por los asuntos fiscales, el gobierno saliente dice entregar el país con una deuda del 58% del PIB, pero aparentemente esto no corresponde a la realidad.
El vicepresidente electo manifiesta preocupación por la proyección del balance presentado por el comité de Regla Fiscal, que pueda llegar a un -7,4% del PIB, según él eso se hace insostenible. Solicita información detallada en relación con las proyecciones de incremento en rubros de; aumento al sistema General de participación. Además, que pide explicaciones relacionadas con la caída de sistemas informáticos, servicios vitales de Colpensiones y Bases de datos.
Una aleta más se produce por el tema de la paz total del gobierno Petro. José Manuel Restrepo, solicita información estratégica relacionada con los compromisos reales pactados con los grupos subversivos, pero especialmente los de las zonas de concentración, zonas de despeje, cese el fuego, desmovilización y levantamiento de órdenes de captura.
En materia de salud existe una alerta alta debido al posible colapso en materia de atención a la población colombiana, esto obedece a los constantes pronunciamientos de advertencia hechos por la Contraloría General ante el gestor fiscal de la Superintendencia Nacional de Salud. Señalando que para 2025 existe el registro de 2.061.661 peticiones y reclamos, presentando un incremento del 65,3% respecto a las quejas para el año 2022 que fueron 1.247.137.
Se suma una preocupación más en materia energética con el agravante de posible apagón al avecinarse el fenómeno del niño, solicitan conocer las estimaciones y los posibles impactos, así mismo piden la información de las medidas tomas desde el gobierno para evitar el posible racionamiento en la energía eléctrica y el gas domiciliario al poner freno a las exploraciones de hidrocarburos. Lo relacionado a la corrupción presentada en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres UNGRD. Deja muchos interrogantes, causando preocupación en el proceso de empalme debido al manejo de los recursos administrados por esta entidad que para el año 2023, fueron girados a ese despacho 1,4 billones de pesos.
Este puede ser el inicio de la incitación al desorden público como ha sido costumbre en tiempos que la izquierda hace oposición buscando fracturar el orden social con actos de resistencia por medio de la violencia y el crimen.
Cepeda cizañea con dudas sobre la lealtad constitucional y el caso Alex Saab
Argumentando que por haber llevado un caso de defensa jurídica a un delincuente como lo es Alex Saab, De la Espriella en su profesión como abogado, podía obtener el poder y defender a cualquier persona que hubiera violado las leyes de Colombia o del exterior.
Iván Cepeda quiere seguir llevando este hecho en su bolsillo como instrumento de ataque y descalificación para que sus seguidores entren a actuar en movilizaciones para causar perjuicio en la movilidad, el comercio y afectación a la población para el ejercicio de sus actividades.
En las declaraciones el congresista supone existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a De la Espriella. Los pagos debieron existir porque por obvias razones son, el pago de sus honorarios que cualquier abogado obtiene independientemente si logro exonerar o no al implicado.
Exigencias radicales en una declaración de alta tensión institucional
Con declaración de alta tensión para las instituciones, el congresista de la oposición Cepeda, se dedicó a camuflar sus advertencias dentro del marco de la transición del poder ejecutivo.
El senador incorporó formalmente sus condiciones señalando que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República y que, de hacerlo, su posesión estará viciada, sin lugar a dudas, de ser ilegal e ilegítimo. Desde ya piensa darle golpe de estado, opinamos que más ilegitimo hubiese sido un gobierno de Cepeda apoyado por las guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia organizada.
El parlamentario izquierdista y resentido estructura las demandas de su sector de manera corrida, indicando que, para la estabilidad del país, debe quedar totalmente definido estos puntos.
Primero, renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos, debiendo aclarar que no es colaborador ni miembro de agencias de seguridad estadounidenses;
Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial;
Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo;
cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella ha aclarado en varias ocasiones lo referente a su nacionalidad estadounidense. Su compromiso como jefe de estado prometiendo respetar la continuación, la ley, darles seguridad a los pueblos. planteando atacar, neutralizar a los bandidos y todo aquel que infrinja la ley.
EE. UU. es una nación que respeta la división de los poderes, en caso de resultas Gustavo Petro judicializado por infringir la ley estadounidense. De la Espriella se correspondería cumplir la extradición.
Lo trascendental y verdaderamente esperanzador de todo esto es lograr un respiro para la patria y sus habitantes, tenemos la certeza que va a haber un freno a la delincuencia en todas sus modalidades, la gran beneficiada será toda la población, porque se espera que el apoyo sea para las personas trabajadoras, emprendedoras y de bien que lo dan todo por un mejor país.
El contraste entre la euforia de unos y la tristeza de otros, que siempre acompaña a las elecciones. Lo valioso es que, más allá de las emociones inmediatas, se abre un horizonte de esperanza: la posibilidad de que la institucionalidad se fortalezca y que la seguridad de los ciudadanos de bien sea prioridad.
Ese “respiro para la patria” es un símbolo poderoso: significa que la democracia no solo decide quién gobierna, sino que también renueva la confianza para los trabajadores, emprendedores y familias que luchan día a día por un mejor país, ahora podrán hacerlo con menos miedo y más respaldo.